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MINORÍAS SÍ, PERO NO ASÍ.

Publicado 07/11/2017

Recientemente se han tejido ciertas críticas acerca del surgimiento de normativas que obligan a los oferentes a contratar a personas en condición de discapacidad, reinsertados, personas que en algún momento estuvieron privadas de la libertad, entre otros; para obtener puntajes adicionales y subir su calificación en los procesos de selección de contratación estatal. Si bien es cierto que podría considerarse como un deber de toda empresa incluir en la vida laboral a las minorías discriminadas, lo que no está bien es que esta inclusión sea determinante de un concurso de contratación pública.

Se trae a colación el artículo publicado por la revista Infraestructura & Desarrollo, de autoría de Santiago Pérez y Efrén Ordoñez, en el cual se realiza una dura crítica a estas nuevas iniciativas y reglamentarias en los procesos de selección de contratación pública. En este texto se cuestiona el surgimiento de iniciativas normativas y reglamentarias que pretenden tomar el proceso de selección de la contratación pública para generar, proteger e incentivar derechos a favor de minorías o población vulnerable, así como para aumentar el recaudo fiscal del Estado y de los entes territoriales (Pérez & Ordoñez, 2017). De acuerdo con los autores existen varias razones para considerar que estas normativas son contraproducentes durante el proceso de selección del oferente, pues al implementar esto, se perturba el objetivo específico del contrato estatal. El cual, como es bien sabido, es un mecanismo por el que se adquirieren bienes y servicios con el fin de suplir las necesidades de los ciudadanos y conseguir los propósitos del Estado de manera eficiente. Dicho contrato se verá perturbado si “las nuevas exigencias de los procesos de selección conllevan factores ajenos o subjetivos, que no se enfoquen en determinar al mejor oferente o si son utilizados de manera inescrupulosa para direccionar o favorecer un interés particular que restrinja la debida competencia y la pluralidad de oferentes.” (Pérez & Ordoñez, 2017)

Compartimos el punto de vista de los autores del artículo y consideramos desacertado que la inclusión de minorías en las ofertas de contratación pública sea un factor determinante para elegir al ganador. Creemos que este elemento no refleja la competitividad del oferente, pues el objeto de la licitación es encontrar a la empresa más capacitada para prestar los servicios que el objeto del contrato requiera y, contar con esta población, no determina su profesionalismo en el tema a desarrollar. Asimismo, el incluir este criterio como determinante atenta contra la competencia, pues al aumentar el gasto interno de cada empresa (los pagos que deben realizarse para la persona contratada perteneciente a las minorías) hacen que las pequeñas empresas no contemplen participar en el concurso, es decir sería un concurso sesgado.

Creemos firmemente en el principio de inclusión y compartimos la idea de que las minorías deben hacer parte de la sociedad en general, es por ello que consideramos que los miembros de esta comunidad si debe ser contratadas siempre y cuando reflejen que son competentes y que estén capacitadas para asumir el cargo al que se postulan; en lo que estamos en desacuerdo es en poner como determinante la contratación de este grupo de personas aun cuando no están capacitadas para tal fin y que solo se hace porque se necesita obtener más puntos en el concurso público. Rechazamos que se les incluya como un factor evaluable o determinante a la hora de adjudicar un contrato estatal. Lo anterior debido a que se debe enfocar únicamente en encontrar el mejor desarrollador del contrato público. 

Pérez & Ordoñez. (2017). Las nuevas arandelas. Infraestructura & desarrollo. 78. Bogotá, Colombia. 1-64